YPF y el gigante del e-commerce ultiman un acuerdo para convertir las estaciones de servicio en centros de retiro de compras online. Mientras el consumidor elige comprar desde el sillón sin interactuar con vendedores, el comerciante de la comarca intenta sobrevivir a boletas de Copelco que superan el millón de pesos y a una voracidad fiscal que la Corte Suprema acaba de declarar ilegal.
Hace pocos días, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente de YPF, Horacio Marín, dejó caer una confirmación con un peso específico enorme para la economía cotidiana: la petrolera está cerrando una alianza estratégica con Mercado Libre para que sus casi 1.700 estaciones de servicio en todo el país funcionen como puntos de retiro de paquetería.
Aunque todavía restan definir los detalles operativos y la fecha exacta de implementación en cada provincia, la lectura de fondo es ineludible. YPF ya no se concibe solo como una despachante de combustibles; con una facturación en sus tiendas Full que proyecta alcanzar los 680 millones de dólares este año y superar los 1.000 millones el próximo, busca convertirse en el mayor retailer de la Argentina asociándose con el dueño absoluto de la vidriera digital.
Para el vecino de Cutral Có o Plaza Huincul, la ecuación cierra por todos lados: comprar a medianoche desde el teléfono, comparar precios en segundos y retirar la caja al pasar a cargar nafta en una estación abierta las 24 horas. Pero detrás de los mostradores del centro comercial de nuestra comarca, esta noticia suena como una alarma más en un tablero que ya tiene demasiadas luces rojas encendidas.
La era del comprador silencioso
Estamos frente a un cambio cultural que no pide permiso. Durante décadas, el comercio tradicional se sostuvo sobre el vínculo cara a cara: entrar al local, consultar al empleado y esperar que busquen un talle o un repuesto en el depósito. Hoy, para una porción cada vez más grande de la sociedad, esa interacción humana dejó de ser un valor agregado para convertirse en una fricción.
El consumidor actual prefiere la autonomía total. Quiere ver el stock real en su pantalla, leer reseñas, pagar con dos toques y resolver la operación desde el sillón de su casa, sin empleados físicos que lo presionen y sin horarios comerciales cortados.
Los números nacionales que dejó septiembre son una radiografía cruda de esta transición: según la CAME, mientras las ventas minoristas en los comercios físicos pymes acumulan una caída del 2,1% en lo que va del año —obligando a muchos dueños de locales a vender casi al costo solo para hacerse de liquidez—, las ventas online dieron un salto del 19,4% interanual. La plata no solo escasea; la poca que circula se mudó a las pantallas.
Para el comerciante local, el mensaje es directo: quejarse de la tecnología es como enojarse con el viento. El que hoy no digitaliza su inventario, no publica precios claros y sigue esperando que el cliente empuje la puerta por inercia, está jugando con reglas de un partido que ya terminó.
La trampa eléctrica: cuando prender la vidriera cuesta más que el alquiler
Ahora bien, exigirle al comerciante de Cutral Có y Plaza Huincul que se modernice y compita en precios contra vendedores que operan desde galpones automatizados en Buenos Aires es profundamente hipócrita si no se mira la mochila de plomo con la que carga todos los meses. Y el ladrillo más pesado de esa mochila hoy se llama energía eléctrica.
Para entender por qué las facturas de luz comercial se volvieron casi impagables en la comarca, hay que mirar cómo se arma ese número. El precio final es una bola de nieve de tres capas: arranca con el costo mayorista de generación que fija Nación (CAMMESA), donde a los comercios se les barrieron todos los subsidios; sigue con el costo de transporte provincial que cobra el EPEN; y termina en el famoso VAD (Valor Agregado de Distribución), que es lo que cobra Copelco por distribuir la energía localmente. Sobre esa montaña, el Estado aplica un 27% de IVA para comercios inscriptos, más alumbrado público, uso de espacio aéreo y cargos cooperativos.
Los números oficiales del cuadro tarifario vigente de Copelco (actualizado a fines de agosto de este año) muestran una realidad asfixiante. Un comercio chico o mediano encuadrado en la Tarifa General Comercial (T1-GC-1) arranca el mes pagando $44.662 solo de cargo fijo. Los primeros 800 kWh se facturan a $492,62 cada uno, pero todo lo que supere ese piso —algo inevitable para cualquier despensa con heladeras, carnicería, gastronómico o local climatizado— salta a la friolera de $647,59 por kWh.
Traducido al bolsillo real: un local comercial con un consumo moderado de 2.000 kWh mensuales enfrenta más de $1.215.000 únicamente de energía base, lo que sumado a impuestos y recargos se transforma en una boleta que supera el millón y medio de pesos. Lo más indignante del cuadro tarifario local es la desigualdad: mientras al comerciante privado Copelco le cobra $647,59 el kWh excedente, a los Municipios y reparticiones públicas (T1-GM y GP) se los cobra a $480,70. Es decir, el privado que genera empleo paga la energía excedente casi un 35% más cara que el Estado municipal, cuyos intendentes firmaron en marzo un acuerdo con la Provincia para aliviarse sus propias tarifas públicas mientras el mostrador privado sigue a la intemperie.
El fallo de la Corte Suprema y el fin de las «tasas» confiscatorias
A este cepo tarifario se le suma la voracidad fiscal de los municipios, acostumbrados a tratar al comercio con local a la calle como una ventanilla de recaudación infinita mediante Unidades Tributarias (U.T.), licencias comerciales y derechos de inspección que se cobran venda o no venda el negocio.
Sin embargo, el escenario legal acaba de cambiar drásticamente. A principios de este mes de octubre trascendió un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en la causa «Mutual Fraternidad FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino»), que le puso un límite tajante a los abusos comunales en todo el país.
El máximo tribunal corrigió la distorsión que existía desde 2021 y dejó en claro tres cosas fundamentales: primero, que los municipios no tienen facultades constitucionales para crear impuestos disfrazados de tasas; segundo, que toda tasa municipal debe corresponder sí o sí a una prestación «concreta, efectiva e individualizada» de un servicio; y tercero, que el monto que el municipio le cobra al comerciante no puede atarse libremente a su facturación o capacidad económica, sino que tiene como tope el costo real que le insume a la municipalidad prestar ese servicio específico. Como si fuera poco, la Corte determinó que es el municipio quien debe probar en qué gasta y cuánto le cuesta dar ese servicio.
Mientras ciudades vecinas como Neuquén capital entendieron el cambio de época implementando programas de alivio fiscal —como eximir por un año entero el pago de licencias comerciales a nuevos negocios—, en nuestra comarca las estructuras tributarias siguen atrasando décadas y ahora, a la luz del nuevo fallo de la Corte Suprema, rozan la inconstitucionalidad cuando cobran cargos desproporcionados sin contraprestación real.
El futuro del comercio ya llegó y está a punto de estacionar al lado del surtidor de YPF. Los comerciantes de Cutral Có y Plaza Huincul tienen el desafío ineludible de adaptarse a un consumidor que elige comprar desde su casa y sin intermediarios. Pero los ejecutivos municipales, los Concejos Deliberantes y las autoridades energéticas tienen una obligación todavía más urgente: desarmar el laberinto de tasas abusivas y tarifas eléctricas impagables antes de que las únicas luces encendidas en la comarca sean las de las pantallas de los celulares.
